• Se trata de una medida
administrativa que permitirá a más de 13 mil hogares bajar de tramo en la
Calificación Socioeconómica. Esta corrección posibilitará a quienes bajen a los
tramos de mayor vulnerabilidad, acceder a beneficios del Estado.
En el marco de la conmemoración de
los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
anunció que, para fines de este año, las pensiones de reparación de personas
que son parte de los informes Rettig y Valech, y exonerados y exoneradas
políticas, no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación
Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
Se trata de una importante corrección
administrativa que beneficiará directamente a 13.427 hogares (23.180 personas),
que bajarán de tramo en su Calificación Socioeconómica, y que fue informada hoy
a representantes de agrupaciones y beneficiarios de pensiones de reparación en
el Palacio de La Moneda. Esto permitirá a quienes bajen a los tramos de mayor
vulnerabilidad acceder a beneficios del Estado.
El Gobierno determinó realizar esta
corrección atendiendo a que la naturaleza de las pensiones de reparación es
distinta al no encontrarse asociadas al ingreso proveniente del mercado
laboral, sino que representan actos de desagravio a familias y personas que
sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La ministra de Desarrollo Social y
Familia, Javiera Toro, destacó que “como Estado y autoridades tenemos el deber
de ir siempre más allá, sobre todo cuando se trata de la defensa de los
Derechos Humanos, y hacernos cargo también de cuando es necesario corregir
políticas públicas que ayudarán a hacer justicia. Nos parece que es de toda
justicia que finalmente estas pensiones de reparación no terminen implicando
una exclusión o limitación de acceso a distintos beneficios del Estado,
distintos elementos de la protección social”.
El ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Luis Cordero, detalló que “esta instancia ha permitido hablar de los
otros aspectos que son relevantes, entre otros, aquellos que tienen que ver con
la corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el
programa PRICE, que también ha sido una preocupación relevante del Ejecutivo y
de los otros aspectos asociados a la Agenda de Derechos Humanos en el caso de
las personas que son sobrevivientes de tortura y prisión política”.
La subsecretaria de Evaluación
Social, Paula Poblete, señaló que “la corrección que estamos haciendo era una
demanda sentida y fue valorada por las y los dirigentes de agrupaciones de
quienes fueron víctimas de la dictadura y que nos acompañaron hoy en el
anuncio. No correspondía que quienes reciben pensiones de reparación se vieran
imposibilitados y limitados a acceder a prestaciones sociales que usan al
Registro Social para conceder prestaciones. Esta medida permitirá caracterizar
de mejor manera la situación socioeconómica de los hogares y que aquellos que
estén en los tramos de mayor vulnerabilidad puedan acceder a las políticas
sociales que les corresponden”.
Desde la región del Maule, la Seremi
de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra, reaccionó al anunció, y destacó
que “esta importante medida representa un acto de desagravio a las familias y a
las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos calificadas como
detenidas, desaparecidas o ejecutadas políticas durante la dictadura militar.
Es un compromiso de nuestro gobierno con las familias con quienes sufrieron
violaciones a los derechos humanos y que hoy el Estado está devolviendo un poco
de dignidad también a todas estas familias”.
Este anuncio se enmarca en una serie
de mejoras continuas en el cálculo de la Calificación Socioeconómica (CSE) del
Registro Social de Hogares (RSH) que seguirán comunicándose durante el último
trimestre de este año.
