El
parlamentario gremialista respaldó una indicación para que se
estableciera un castigo penal en contra de los autores y no una simple
multa económica, considerando que dicho elemento suele ser usado para
fabricar bombas molotov o cometer atentados incendiarios.
Como
un “importante avance” en materia de seguridad pública calificó el
diputado de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, la aprobación
definitiva del proyecto de ley que sancionará a todas las personas que
porten -de forma injustificada- algún tipo de combustible en el contexto
de una manifestación pública, evitando así que puedan utilizar dicho
elemento para la fabricación de bombas molotov, barricadas o, incluso,
para cometer atentados incendiarios contra las autoridades.
Al
respecto, el parlamentario gremialista explicó que la nueva ley, que
entrará en vigencia una vez que se promulgue, apunta a enfrentar a todos
los violentistas que se escudan detrás de una reunión pacífica para
delinquir, sancionándolos con una pena de presidio menor en su grado
mínimo (61 a 540 días) cuando no puedan justificar el porte de
combustible durante una manifestación pública.
Justamente,
fue una indicación presentada por la Bancada UDI -que establecía una
sanción penal contra los autores en vez de una multa- la que terminó
aprobándose de manera definitiva en la Sala, contando con el respaldo no
sólo de la oposición, sino que también por sectores de centro
izquierda.
“Pese
a que el Gobierno sólo quería establecer una sanción económica a
quienes estuvieran portando combustible durante una marcha sin
justificar su procedencia ni uso, logramos modificar el proyecto y que
se incluyera un castigo penal contra todos los autores, porque resulta
bastante evidente que cualquier persona que esté participando en una
manifestación y tenga en su poder algún elemento de este tipo, lo va a
utilizar para fabricar bombas molotov, hacer barricadas, realizar
atentados incendiarios contra los inmuebles o, incluso, contra las
policías”, manifestó Coloma.
Por
lo mismo, el parlamentario gremialista llamó al Gobierno, pero en
específico a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a no presentar
ninguna objeción en contra de la iniciativa, luego que trascendiera que
se estaría evaluando vetar el proyecto o, incluso, acudir al Tribunal
Constitucional.
“Sería
absolutamente inoportuno y hasta irresponsable que el Ejecutivo, por
segunda vez, se opusiera a una ley cuyo único objetivo es enfrentar la
grave crisis de seguridad que vivimos en nuestro país. Ya lo hicieron
con la Ley de Usurpaciones, poniéndose del lado de los delincuentes que
se dedican a la toma de terrenos y propiedades, por lo que sería
inexplicable que esta vez también se situaran del lado de los
encapuchados y violentistas, en vez de proteger a todos los ciudadanos”,
reiteró el diputado Juan Antonio Coloma, quien finalmente valoró el
respaldo que tuvo la indicación, argumentando que “terminó primando el
sentido común, porque nadie podría justificar que una persona asistiera a
una marcha portando un bidón de combustible, salvo que fuera para
delinquir”.
