- La causa contra el alto mando de Carabineros fue presentada por abogados cercanos al oficialismo. Una de estas juristas es la actual coordinadora de la División Jurídica del ministerio dirigido por Carolina Tohá. La situación no sólo complica al general director, sino que también al Ejecutivo, pues desde que la seguridad es el principal tema de la agenda, Yáñez es visto como un aliado.
Un incómodo escenario es el que vive el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong decidieran pedir la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por el supuesto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el contexto del estallido de 2019, cuando el uniformado era director Nacional de Orden y Seguridad.
Y es que si bien en el pasado tanto Boric como varios miembros de su gabinete fueron los más duros críticos de Carabineros y de los generales al mando de la institución, desde que la seguridad se instaló como tema principal de la agenda, el gobierno ha visto en la policía uniformada y en Yáñez a un aliado.
De hecho, según el abogado del general director de Carabineros, el Mandatario llamó a Yáñez «y le manifestó todo su apoyo, tanto como Presidente de la República, como persona».
Pero lo paradójico es que la formalización de Yáñez que hoy complica al gobierno se desencadenó por una querella interpuesta por abogados cercanos al oficialismo. De hecho, una de estas profesionales trabaja actualmente en el Ministerio del Interior y otra pasó por el Ministerio del Deporte.
Se trata de Javiera Corvalán Schindler y Natalia Bravo Peña, por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem); Karinna Fernández Neira, Sebastián Velásquez Díaz y Magdalena Garcés Fuentes, por “Londres 38, casa de la memoria”; y Miguel Astudillo Lara y Francisca Hernández Mardones, del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Coordinadora de la División Jurídica de Interior
Javiera Corvalán Schindler estudió en la Universidad de Chile y juró como abogada en 2019, siendo socia de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem). Trabajó como procuradora en Carey y como interrogadora en Abusleme Pinto Muñoz & Campos, pero en 2019 entró a trabajar como asociada en el área de litigios penales y civiles Chaves Awad Contreras Schürmann; con Miguel Schürmann y Alejandro Awad, quienes durante 2023 también acapararon prensa al ser los abogados de Rodrigo Topelberg, uno de los involucrados en el Caso Audio, y defender al ex ministro Giorgio Jackson en el Caso Convenios.
El actual bufete de ambos, (BACS, junto a Antonio Bascuñán, Esteban Barra y Marcos Contreras), es uno de los favoritos del gobierno, que también es el escenario laboral de la hija de la periodista Mirna Schindler.
En efecto, según DFMás, fue desde BACS que recomendaron a Javiera y a otra jurista para trabajar en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública cuando abogados de la División Jurídica fueron desvinculados en abril de 2022. Cuando llegó a Jurídica, Corvalán estaba trabajando como asesora legal de Izkia Siches. El que fuera titulada de la Universidad de Chile, dice la publicación, fue un plus, pues compartía el alma mater con otros importantes asesores de gobierno.
Su llegada a Interior como asesora del Área Judicial de Interior a inicios de 2022 no pasó inadvertida, pues aunque no era coordinadora, críticos de su arribo aseguraron que hacía lo mismo que el desvinculado coordinador Carlos Flores (funcionario desde 2004), en quien recaía la presentación y seguimiento de las querellas en que el ministerio se hacía parte, entre ellas, las del estallido. Durante este gobierno se retiraron 139 acciones judiciales relacionadas a ese tiempo.
A noviembre de 2023, Corvalán figuraba en Transparencia como coordinadora de la División Jurídica de Interior, teniendo a su cargo la “tramitación, conducción y completa consecución de investigaciones criminales y causas judiciales” en que el ministerio o las delegaciones presidenciales intervengan.
Antes de llegar al gobierno en marzo de 2022 -cuando renunció a ser querellante de esta causa contra el general Yáñez- apoyaba con retuits la reforma de Carabineros, daba a conocer irregularidades y apoyaba la idea de que el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos.
fuente: El Libero
